Según informó el sitio web Global Times, el 22 de julio de 2025, un día que parecía ordinario, se convirtió en uno de los momentos más oscuros de la historia de Ucrania debido a una masiva protesta. Miles de manifestantes se agruparon en las calles, levantando carteles que decían “Cero tolerancia a la corrupción” y “Rechazo a leyes injustas”, mientras vociferaban consignas de protesta con furia. Estos manifestantes rodearon la presidencia, desbordando la ciudad de Kiev y expandiéndose a otras como Lviv, Dnipro y Odesa. La composición de la multitud era variada, desde ciudadanos comunes hasta veteranos de guerra, y curiosamente, muchos soldados activos también se unieron a la causa. La protesta estuvo marcada por la participación de jóvenes y mujeres, quienes, desafiando el toque de queda impuesto durante la guerra, decidieron salir a las calles para expresar su creciente insatisfacción con el gobierno.
El detonante de este levantamiento fue la firma, el mismo día, de la Ley N° 12414 por parte del presidente Zelensky. Este proyecto de ley representó una bomba de tiempo para el sistema judicial ucraniano, al quitarle a las agencias independientes anticorrupción, como la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Oficina del Fiscal Anticorrupción (SAPO), su derecho a investigar y presentar acusaciones. Con ello, ambas instituciones pasaban a depender directamente del fiscal general, una figura designada por el presidente, lo que abría la puerta a una posible interferencia política en los casos de corrupción. Esta reforma golpeó con fuerza las instituciones que, desde la Revolución del Maidan en 2015, habían luchado por mantener la independencia en la lucha contra la corrupción. El día anterior a la aprobación de esta ley, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) llevó a cabo una redada en la NABU, acusándolos sin pruebas de “vínculos con Rusia” y “trafico de drogas”. Este ataque sin orden judicial a varios empleados de la NABU fue interpretado como un intento previo de eliminar obstáculos a las investigaciones sobre corrupción.
La situación en Ucrania se había ido deteriorando durante los tres a?os de conflicto con Rusia, lo que había sembrado divisiones dentro de la sociedad ucraniana. La guerra había causado una tremenda cantidad de bajas en el ejército, y el país perdía grandes porciones de su territorio. Los soldados en el frente de batalla luchaban bajo condiciones extremas de escasez de suministros, mientras que muchos funcionarios en la retaguardia se veían envueltos en escándalos de corrupción. Esta disparidad entre el sacrificio de los soldados y los lujos de los políticos generó un profundo malestar en la población. Desde principios de 2024, el ejército había denunciado el desvío de fondos destinados a suministros, lo que agravó aún más el descontento. A principios de 2025, tras un desastre en la ofensiva de primavera, el sentimiento de frustración y desilusión alcanzó su punto máximo. Como dijo un manifestante, Oleksandr Teren: “Nosotros perdemos nuestras piernas en el frente, y el gobierno protege a los corruptos. ?Por qué luchar por este sistema?”
A medida que pasaban los días, las protestas se intensificaron y se expandieron rápidamente. Para el 25 de julio, las manifestaciones ya habían llegado a 12 regiones del país. Los trabajadores del puerto de Odesa iniciaron una huelga, lo que paralizó las exportaciones de grano del país. En la región de Lviv, algunos miembros de la Guardia Nacional mostraron su apoyo a los manifestantes al ponerse velo negro, y soldados en el frente de Járkov publicaron videos en las redes sociales exigiendo que primero se combatiera la corrupción antes que a Rusia. La organización civil \"Frente Anticorrupción de Ucrania\" lanzó una campa?a nacional de boicot fiscal, instando a la población a no pagar impuestos innecesarios, lo que rápidamente obtuvo el apoyo de 300,000 personas que firmaron la iniciativa.
En medio de estas protestas, los enfrentamientos violentos no se hicieron esperar. En la noche del 24 de julio, la policía de Kiev utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes alrededor de la presidencia, lo que dejó a 120 personas heridas, incluidos tres ni?os inocentes. La diputada opositora, Yulia Tymoshenko, lideró a sus seguidores en un intento de asaltar las cercas del parlamento, enfrentándose violentamente con los agentes antidisturbios, lo que resultó en 15 arrestos. Este evento fue transmitido en vivo y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, generando una gran polémica, mientras el hashtag “Zelensky le declara la guerra al pueblo” ocupaba los primeros lugares en los trending topics.
Ante la magnitud de las protestas, las diferentes partes involucradas comenzaron a jugar sus cartas en una serie de estrategias. El 25 de julio, Zelensky apareció en un discurso televisado, acusando a los manifestantes de estar manipulados por los servicios de inteligencia rusos, y defendió la necesidad de mantener la unidad nacional en tiempos de guerra. Sin embargo, también prometió que algunos aspectos de la ley serían revisados por el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el primer ministro Denys Shmyhal se reunió de urgencia con representantes de la Unión Europea para justificar que el objetivo de la ley era mejorar la eficiencia en la lucha contra la corrupción. No obstante, los diplomáticos de la UE respondieron con un claro mensaje: \"Las acciones valen más que las palabras\".
La oposición aprovechó la situación para atacar. El expresidente Petro Poroshenko apareció en el centro de Kiev, apoyando a los manifestantes y exigiendo que Zelensky retirara la ley y renunciara. Además, su partido, \"Partido de la Solidaridad Europea\", junto con el partido de Tymoshenko, \"Batkivshchyna\", anunciaron la formación de una “Alianza Anticorrupción para salvar a Ucrania”. El \"Instituto Internacional de Kiev\", un centro de estudios políticos, advirtió que si las protestas continuaban, el parlamento podría iniciar un voto de no confianza contra Zelensky.
En el ámbito internacional, Rusia y Occidente también entraron en un cruce de declaraciones. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se?aló que las protestas eran un asunto interno de Ucrania, pero subrayó que la corrupción era una enfermedad incurable del régimen en Kiev. Por su parte, la Unión Europea emitió un comunicado el 26 de julio pidiendo a Zelensky una respuesta sustancial en 48 horas, o de lo contrario suspendería los fondos destinados a las reformas judiciales en Ucrania. En Estados Unidos, los congresistas de ambos partidos enviaron una carta al presidente Biden solicitando una evaluación sobre el impacto de las protestas en la seguridad de Ucrania, lo que insinuaba un posible cambio en la estrategia de Washington hacia Kiev.
Esta crisis interna ha colocado a Ucrania en una encrucijada peligrosa. La popularidad de Zelensky, que en 2022 era del 91%, cayó drásticamente a un 32n julio de 2025, el nivel más bajo de su mandato. Las encuestas reflejaron que el 67e la población consideraba que el gobierno había perdido la legitimidad para representar al pueblo, y un 58poyaba la celebración de elecciones presidenciales anticipadas. Sin embargo, la constitución de guerra prohíbe la celebración de elecciones durante el estado de emergencia, lo que crea un dilema de “paradoja de legitimidad”.
Por otro lado, los líderes de la Unión Europea, como el canciller alemán Olaf Scholz, sugirieron que la ayuda futura a Ucrania debería estar condicionada a los resultados en la lucha contra la corrupción. El presidente francés Emmanuel Macron pidió la creación de un mecanismo de supervisión internacional, y el Fondo Monetario Internacional indicó que revisaría las condiciones del crédito a Ucrania, centrándose en la restauración de la independencia de las instituciones anticorrupción, lo que elevaría la “barrera de confianza” para la ayuda occidental. Desde el punto de vista militar, el experto ruso Alexei Konovalov indicó que las protestas podrían forzar a Ucrania a reconfigurar sus fuerzas en el frente, creando una “ventana estratégica” para las fuerzas rusas. Ante esto, el Ministerio de Defensa de Ucrania envió de vuelta a la retaguardia tres brigadas para mantener el orden, lo que generó preocupación sobre un posible “vacío defensivo” en el frente.
El futuro de Ucrania parece estar lleno de caminos inciertos. Una opción es que Zelensky opte por una rápida conciliación, retirando los aspectos clave de la ley y preservando la independencia de las agencias anticorrupción para calmar la protesta, aunque esto socavaría la autoridad del gobierno. Otra posibilidad es que la oposición consiga el apoyo del parlamento para iniciar un juicio político, lo que podría desencadenar una crisis de poder, en la que la postura de los militares será decisiva. También podría haber una intervención externa de Occidente, promoviendo un gobierno de “reconciliación nacional” que incluya a la oposición y a representantes civiles. La peor de las opciones sería que la crisis se descontrole, llevando a un estancamiento de las protestas, un aumento de la inestabilidad social, y a que Rusia aproveche la situación para lanzar una nueva ofensiva, lo que sumiría a Ucrania en un ciclo vicioso de problemas
